El valor federal I: València

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David Rodas Martín

España es un estado compuesto. No se puede decir que sea federal: carece de mecanismos de coordinación y solidaridad institucionalizados, órganos de justicia federales, una financiación sólida y, lo más importante, una profunda cultura federal y republicana que, en el pasado, haya permitido la definitiva federalización de España. Por esto, por ser un estado compuesto sin llegar a ser federal, el modelo territorial genera fricciones, puntos de choque y ebullición que tensionan constantemente el mapa político del país.

Catalunya o Euskadi son los señalados, a bote pronto, como factores de inestabilidad. Naciones con reivindicaciones soberanistas que ponen en cuestión el estado de las cosas y motores económicos industrialmente vigorosos. Madrid, para el atento observador, juega un papel igualmente desestabilizador por la capitalidad que ostenta y el turbonegocio financiero que sobre ella se ha generado.

Estos desequilibrios, sustantivamente lacerantes en el ámbito económico y social -absorción de energías económicas y humanas del resto de regiones del país-, requieren, para que el Estado en el que se integran sean viables, de contrapesos que permitan que ese mismo Estado siga existiendo. Este principio es la base del proyecto federal: división de poderes horizontalmente que se hagan sombra unos a otros.

El contrapeso fundamental, pero no suficiente, en el tablero del momento político actual es el País Valenciano, representado en la Generalitat Valenciana -con la notable ayuda de las Islas Baleares-.

València vivió el desarrollo del ladrillo y la especulación inmobiliaria mientras Madrid absorbía las energías de todo el centro peninsular. Camps y Barberá construían circuitos de carreras mientras Aguirre y Gallardón inauguraban túneles en la M30. La corrupción aparecería después. La capitalidad del estado permitió a Madrid resistir mejor el embate de la crisis financiera: todo pasaba en Madrid y, aunque fuera poco, en Madrid se quedaba. El PP resiste en Madrid. València veía derribarse el sueño construido sobre la primera línea de playa nada más inaugurarse el áulico aeropuerto de Castellón. Todo se vino abajo: el PP perdió la Generalitat y el ayuntamiento de València en 2015.

Pero no fue fácil. La hegemonía del PP en València era profunda y, si querían mantener el poder, los partidos (PSOE, Compromís y Unides Podem) que desbancaron a los conservadores del poder debían mantener un perfil destacado con respecto a Madrid: dar con la tecla valenciana que en otro tiempo fue el bronceado dorado, las camisas blancas a medio abotonar, las promociones urbanísticas en la costa y los besamanos con el Papa. La crítica de la corrupción sistémica y una denuncia fundada de infrafinanciación surtieron efecto. La profundización de ese mensaje permite decir que València es el contrapeso federal de España.

La infrafinanciación se denuncia demandando una financiación más justa, y abrir ese debate es poner sobre la mesa o una profundización del sistema autonómico hacia la federalización o su retroceso. La crítica a la corrupción sistémica conduce a un replanteamiento del reparto de poder, y esta crítica es el sustento de todo sistema filosófico republicano o federal: poder repartido, menor posibilidad de corrupción. Todo ello junto a una visión de España, característica de las actuales clases gobernantes valencianas, alejada del mesetarismo centralista madrileño -el PSPV no es el PSOE-CLM, en otras palabras-, es el coctel perfecto para que en Valéncia se reclame la necesidad de federalizar España.

La situación actual, además, permite que su voz sea tenida en cuenta. Los hechos de Catalunya pusieron a València en el mapa -muchas empresas catalanas trasladaron allí su sede fiscal-, revalorizando la suavidad federal valenciana frente al irredentismo independentista. El poder madrileño se ahoga enmarañado en esa cápsula de poder onanista en que se ha convertido la capital de España. Aunque sigue absorbiendo de forma agotadora las energías de medio país, sus élites políticas gobernantes se agotan entre constantes intrigas de mociones de censura, descoordinaciones ejecutivas y una gestión pésima de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. Madrid, en un momento determinado, consiguió ralentizar dos proyectos que hoy se perciben como imparables: la fusión de Bankia y CaixaBank, y el corredor mediterráneo. La sede de Bankia dejará de ser Madrid, el corredor mediterráneo rompe con la lógica española de trazado ferroviario según la cual toda vía debe pasar por Atocha o Chamartín. La sede de esta nueva entidad se prevé que se sitúe en València, y el puerto más importante del corredor, junto al barcelonés, es el valenciano. Toda intento federalizador en España debe evitar Madrid -mensaje para el número 70 de la calle Ferraz, sede del, denominado federal, PSOE-. Un atento y calmado discípulo de la federalización europea, Antonio Costas, primer ministro portugués, ha desechado la idea de una línea de AVE hacia Madrid. Apuesta por un corredor atlántico. Portugal como resorte externo hacia la federalización de España.

Ximo Puig, el presidente valenciano, es un hombre de creciente y discreta autoridad política en España. Ha sabido leer la época, que empuja hacia la federalización de los pueblos para poder superar los retos que la digitalización de la economía y la COVID-19 han puesto sobre la mesa. Tanto en España como en Europa, sopla viento de levante.

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