La España invisible: la esterilización forzada a mujeres en el país del 8M

Fuente: Pikara Magazine


Claudia Gallego Ariño

La idea de mejorar la raza humana siempre ha estado presente en la historia de la civilización: desde la antigua Grecia, pasando por los movimientos eugenésicos en el siglo XIX y el holocausto nazi, e incluso en nuestros días, a raíz de la decodificación del genoma humano. A pesar de que estos proyectos se produjeron en contextos históricos diferentes, todos comparten tres elementos: a) la idea de que es posible perfeccionar al ser humano, b) la existencia de subhumanos y c) la idea de perfección biológica y psicológica ligada al progreso. A este respecto, se podría decir que, si alguna lección nos dejó la historia del siglo XX es que dejar completamente en manos de un Estado los criterios del perfeccionamiento humano puede llevarnos a una nefasta realidad. Por eso mismo, de la mano de la lucha por las libertades individuales que ha caracterizado la historia social reciente, la alternativa más plausible consiste en entregar a la autonomía individual la capacidad para dirigir los criterios de tal perfeccionamiento. Sin embargo, la esterilización forzosa de las personas con diversidad funcional, especialmente de mujeres y niñas, continúa siendo una cuestión pendiente en España.

Para entender por qué hoy en día se siguen llevando a cabo esta serie de prácticas, cabe remontarse a 1883, cuando Francis Galton acuñó el término eugenesia. El interés de éste por la eugenesia surgió poco después de la publicación del “Origen de las especies” (1859), escrito por su primo Charles Darwin. Con la convicción de que el talento, la habilidad, y la inteligencia “corrían en las familias” y que la selección natural interviene en el ser humano de igual forma que en las demás especies, Galton sugirió que, así como el hombre había obtenido extraordinarias razas de caballos y perros, se podía mejorar la raza humana controlando la reproducción. Así pues, se aprovechó del momento histórico para introducir, a inicios del siglo XX, su campaña en pro de la eugenesia como “política de Estado”, mediante sociedades y grupos intelectuales influyentes, entre los que se encontraban personajes tan destacados como Theodore Roosevelt o Winston Churchill.

No obstante, la eugenesia tuvo dos versiones: la positiva y negativa. La vertiente positiva buscaba conservar las características de los mejores elementos de la sociedad, así como prohibir el mestizaje para evitar la “degeneración” de una población que se consideraba homogénea. Estas medidas consistían en favorecer la unión entre jóvenes idóneos con la esperanza de que procrearían hijos sanos, dotados de las cualidades adecuadas. Por otra parte, la eugenesia negativa se caracterizó por limitar los derechos reproductivos individuales para garantizar la salud genética de las generaciones futuras, y consistía en medidas como la segregación sexual y racial, prohibición de matrimonios “interraciales”, esterilización involuntaria, infanticidio y, posteriormente y hasta la segunda mitad del siglo XX, el genocidio. La esterilización obligatoria de las personas consideradas ineptas se extendió por países como Japón, Australia y parte de Canadá. Sin embargo, EE. UU. fue pionero en estas medidas, y fue decisivo el empuje de Harry Laughlin, quien en 1922 elaboró una ley prototipo. De esta manera, el régimen nazi se inspiró en la ley de Laughlin para redactar su norma de 1933, que a su vez fue elogiada por notables eugenistas estadounidenses.  

Se podría decir entonces que, mientras las medidas positivas estaban enfocadas a beneficiar y mejorar a las clases altas de la sociedad fomentando su hegemonía; las medidas negativas, como la esterilización y la segregación, estaban destinadas a las clases bajas, con el objetivo último de “eliminarlas”. Ahora bien, tras el genocidio nazi y el nuevo régimen internacional de la ONU y la expansión de los DDHH, estas prácticas fueron abandonadas paulatinamente por la mayoría de los países, aunque no exactamente por todos.

En el mismo país donde retumban las voces de reivindicación en las multitudinarias manifestaciones del 8M, existe una cara oscura que muchos desconocen. Efectivamente, en España es legal la esterilización forzosa y está amparada por el Código Penal (CP). De acuerdo con el primer párrafo del artículo 156 del CP, en términos generales, el procedimiento tiene que contar necesariamente con el “consentimiento válido, libre, consciente y expresamente emitido […]”. Sin embargo, el segundo párrafo permite la esterilización de personas con discapacidad a instancia de su representante legal; simplemente con el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal, y previo examen del juez (que en última instancia es quien autoriza y exonera de responsabilidad a quien realiza esta práctica). Dicho de otro modo, no solamente se vulnera la voluntad de la persona afectada, sino que se le priva de sus Derechos Reproductivos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres; y en el año 2016 hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre 2005-2013.

En España, la voz cantante de la lucha contra estas prácticas de eugenesia negativa la tiene el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Para el presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, “la esterilización forzosa es ahora mismo la quiebra más aguda de los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional en España”. De hecho, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y los Derechos Humanos condenan este tipo de intervenciones. Además, el presidente del CERMI confirma que la realidad es que esta práctica tiene un sesgo muy pronunciado hacia las mujeres y, mayoritariamente se realiza en mujeres adolescentes con discapacidad, a quienes se les suele engañar diciéndoles que se les opera de apendicitis. Por lo que respecta al contexto internacional, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ya calificó en marzo de 2017 esta práctica de algo “inaceptable con consecuencias de por vida en la integridad física y mental de niñas y mujeres jóvenes con discapacidad” además de una “violación generalizada de los derechos humanos en todo el mundo” que “debe ser erradicada y criminalizada de inmediato”. 

Los hechos demuestran que, en la dicotomía entre el papel fuerte del estado y la autonomía individual, está claro que el Estado español se decanta por ejercer un papel totalmente paternalista. Como sostiene CERMI Mujeres, estas prácticas “son fruto de la eterna infantilización que se hace de las mujeres con discapacidad, a quienes se les cuestiona su capacidad de reproducirse por desconfianza, prejuicios de una sociedad que todavía es, en muchos casos, capacitista y patriarcal”. Sin embargo, aunque no cabe cantar victoria, parece que las alertas internas y externas han promovido algo de actividad en el Congreso. En 2019, el Ejecutivo constituyó un grupo de expertos para analizar la posible reforma del Código Penal, y, en febrero de este mismo año, el Senado aprobó la toma en consideración de una proposición de Ley (iniciada por Ciudadanos y con oposición de Vox) de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada de personas con discapacidad. Tras lograrse el derecho a voto para las personas con discapacidad intelectual aplicado por primera vez en 2019, esta lucha constituiría el siguiente gran paso hacia una sociedad más justa. Esperemos que esta vez se consiga erradicar esta terrible práctica en nuestro país y que no se vea afectada su tramitación por la actual pandemia.

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