Madrid no es ciudad para niños… ¿extranjeros?


Beatriz Vicent Fernández

El pasado miércoles 14 de octubre, el grupo de extrema derecha Bastión Frontal organizó una protesta contra la presencia de “menas” en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Al grito de “San Blas será la tumba de los menas”, entre otros insultos y amenazas, un centenar de simpatizantes del grupo recorrieron varias calles hasta llegar a dos pisos tutelados de menores extranjeros no acompañados ubicados en el barrio de Rosas. Una vez allí, las consignas amenazantes se convirtieron en una impactante petición a los menores que les observaban desde sus ventanas: “no nos mires, tírate.” El origen de semejante alarde de violencia verbal se remonta al pasado martes 13 de octubre, según informó el diario ABC, cuando varios integrantes de Bastión Frontal pretendieron enfrentarse a un grupo de jóvenes magrebíes en las inmediaciones de estos pisos. Aunque la Policía Nacional intervino para evitar el conflicto, el día terminó con cuatro detenidos, uno de ellos de 17 años y origen magrebí, acusados de agredir gravemente a dos integrantes, presuntamente, del grupo de extrema derecha.

Sin embargo, las raíces de este conflicto son mucho más profundas que una enemistad entre distintos grupos de jóvenes de un mismo barrio. De hecho, aunque este caso sea enormemente ilustrativo, el rechazo a los “menas” puede observarse en prácticamente todas las comunidades autónomas. En los últimos años, la palabra “mena” ha estado presente en titulares, campañas políticas y discursos en infinidad de ocasiones, fomentando la idea de que existe un grupo homogéneo de jóvenes que, bajo la tutela de las Administraciones Públicas, amenazan la seguridad de los barrios y delinquen con impunidad. En este sentido, el partido VOX se ha presentado a sí mismo como el único partido que reconoce y se enfrenta a este “problema”. Sus propuestas al respecto se reducen a la repatriación inmediata de estos menores, a pesar de la contradicción que esto supondría con el marco legal español e internacional. La visión y narrativa de este partido se puede encontrar resumida en las declaraciones de la parlamentaria Rocío Monasterio durante la campaña electoral de 2019. En un acto en la puerta de un centro de acogida de Sevilla, la presidenta de VOX Madrid declaró: “nosotros venimos a hablar del español de a pie, que tiene derecho a caminar con tranquilidad por sus barrios sin tener miedo a ser atracado o asaltado por una manada de menas.” De esta manera, la palabra “mena” se ha transformado progresivamente en sinónimo de amenaza y delincuencia. Si hay un “centro de menas” en la zona, no puedes ni debes caminar con tranquilidad. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este término?

MENA son las siglas de Menor Extranjero No Acompañado. Esta etiqueta burocrática refleja la situación de los menores de 18 años que llegan al territorio español sin estar acompañados por adultos responsables de ellos. Similarmente, según la legislación internacional, cualquier menor de 18 años debe ser reconocido como un niño y gozar de sus derechos y la correspondiente protección. La llegada de niños migrantes no acompañados a España comenzó a finales de los años 90, y ha crecido gradualmente en los últimos años. Aun así, organizaciones como UNICEF destacan que se trata de un porcentaje muy bajo respecto al total de migrantes o al total de menores extranjeros que residen en España (más de medio millón). Aunque la mayoría de estos menores son adolescentes de países del Norte de África como Marruecos y Argelia, también se incluyen menores de países de África Subsahariana, Oriente Medio o Europa del Este. No todos estos niños tienen la misma edad, recogiéndose en la legislación que la edad mínima para considerar que el extranjero posee “juicio suficiente” como para manifestar su propia voluntad durante el proceso de repatriación serán los 12 años.

Cuando los menores llegan al territorio español, se activa el Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados, basado en la Ley de Extranjería, la Ley de Infancia y el Código Civil. Así, además de la identificación de los menores, también se valora su posible repatriación o reagrupación familiar. Sin embargo, el proceso de repatriación no siempre es posible por diversas cuestiones, que incluyen la seguridad del menor y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España. Es en este caso cuando se procede a otorgarles la autorización de residencia. De esta manera, tutelados por las Comunidades Autónomas, los mal llamados “menas” no residen en España de manera ilegal, ni sus lugares de residencia son centros de detención. Numerosas organizaciones destacan la situación de vulnerabilidad de estos niños, que en la mayoría de las ocasiones no conocen a nadie cuando llegan al país, o no hablan el idioma. En un estudio realizado por Amaia Bravo e Iriana Santos-González, publicado en la revista Psychosocial Intervention en 2017, se recogía que el 57,5% de los niños entrevistados habían llegado solos a España, el 63,2% manifestaban haber venido para buscar una vida mejor y conseguir un trabajo en el futuro, el 92,9% manifestaban malestar psicológico y el 52,4% malestar físico. Sobre su integración social, un 71,4% de ellos afirmaba tener amigos tanto de su misma procedencia como españoles.

A pesar de la evidente situación de vulnerabilidad de muchos de estos menores, la homogeneización, criminalización y deshumanización de este colectivo ha aumentado en los últimos años. Las acciones de Bastión Frontal en San Blas reflejan la incapacidad de ciertos sectores político-sociales de entender el término “mena” como lo que es: las siglas que describen en el plano burocrático a un grupo de niños de diversos orígenes, personalidades y edades. “San Blas será la tumba de los menas” es, y debe ser entendido como sinónimo de “San Blas será la tumba de los menores extranjeros tutelados por las Administraciones Públicas.” Y, en este sentido, surge la duda sobre cuál es el factor que los convierte en personas peligrosas o indeseables hasta el punto de desear su muerte: su condición de menores de edad, su condición de extranjeros o su condición de tutelados.

En el caso de la Comunidad de Madrid, dos de los mal llamados “centros de menas” más polémicos están situados en los barrios de Hortaleza y Batán-Casa de Campo. Sin embargo, estos centros no son centros especializados en menores extranjeros, sino Centros de Primera Acogida (CPA). Los CPA son centros de menores, tanto extranjeros como nacionales, donde se ingresa por un procedimiento de urgencia a instancias de las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía de Menores y los Servicios Sociales y se estudia cada caso de manera individual para proponer a la Comisión de Tutela del Menor las medidas más oportunas. En este sentido, la estancia en un CPA debe ser temporal, y los menores deben ser trasladados a otros centros o recursos estables según sus necesidades.

En la Comunidad de Madrid solo existen tres CPA: dos en Hortaleza y uno en Batán-Casa de Campo. La falta de recursos y espacio en los centros de Hortaleza, fue lo que llevó a la Comunidad de Madrid a privatizar el albergue juvenil Richard Schirrmann en la Casa de Campo en 2019. La situación en Hortaleza llegó a ser crítica a principios de ese mismo año, cuando el periódico local denunciaba que, a pesar de contar solo con 35 plazas, el centro había llegado a alojar a más de 150 menores, nacionales y extranjeros. En verano de 2018, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad habilitó una planta del Centro de Salud Mental de Hortaleza para que se alojasen 40 menores a diario. Sin embargo, en octubre, el Ayuntamiento de Madrid realizó una inspección para evaluar las condiciones del espacio, concluyendo que el lugar no tenía licencia de funcionamiento, no existían salidas de evacuación y recomendando a la Comunidad el cierre de todo el edificio. Por este motivo, la Consejería trasladó a los adolescentes al Centro de Menores Isabel Clara Eugenia en Hortaleza, especializado en menores de entre 0 y 14 años. A lo largo de 2018, el CPA de Hortaleza acumuló 45 bajas entre sus trabajadores, la mayoría por ansiedad ante el hacinamiento de los jóvenes. En las imágenes publicadas por el periódico vecinal, más tarde difundidas por medios nacionales, se puede ver a decenas de jóvenes durmiendo en colchones colocados en los pasillos del centro.

Aun así, en 2019, VOX protagonizó varios ataques verbales contra este centro y pidió su cierre inmediato, sin especificar cuál sería la alternativa, más allá de la supuesta repatriación de todos los menores extranjeros. A pesar de que estos tres centros son de primera acogida, y por lo tanto reciben también a otro tipo de menores, el CPA de Hortaleza y el CPA de Casa de Campo han sido denominados como “centro de menas” en numerosas ocasiones, tanto en la prensa, como en los discursos políticos o las quejas de una parte de los vecinos. En este sentido, a pesar de que los centros de menores están estigmatizados de por sí, parece que el factor más determinante para explicar el rechazo específico a los “menas” es su condición de extranjeros. Aunque en esos centros se alojen más menores tutelados por las Administraciones, son los extranjeros los que son percibidos como un problema o una amenaza de manera sistemática. De esta manera, la estigmatización de los centros de menores confluye con la creciente criminalización de los migrantes, residan o no legalmente en España. Uno de los mayores argumentos para justificar este rechazo, aunque poco original, es la insistencia en establecer un vínculo entre criminalidad y nacionalidad.

Aunque es cierto que hay menores extranjeros tutelados que cometen delitos, los datos no sugieren que supongan una amenaza mayor que otros colectivos. Según los datos del Gobierno Regional, en 2019 residían en Madrid aproximadamente 600 niños extranjeros no acompañados, de los cuales 216 se encontraban en la red de primera acogida y 433 en la red estable de protección. En el territorio nacional, según el Ministerio del Interior, la cifra de estos menores superaba los 12.300. Fue precisamente en ese año cuando esta cuestión empezó a acaparar titulares. Tras la apertura del CPA en la Casa de Campo, algunos medios como El Mundo se hacían eco de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaba el aumento de la delincuencia protagonizada por “menas”. Sin embargo, el SUP, en declaraciones no contrastadas, también admitía que entre un 15 y 20% de estos menores habían sido detenidos alguna vez en todo el territorio nacional. En el caso específico de Madrid, el 15% de estos menores serían 90 niños, y el 20% serían 120, datos que corresponderían a las detenciones según la policía, no a las condenas. Ese mismo año, según recoge el INE, en la Comunidad de Madrid se condenó a 1.275 menores por cualquier tipo de delito, de los cuales 996 eran de nacionalidad española, las cifras más altas desde 2013.

El discurso de odio y rechazo a estos niños, a los que ni siquiera se quiere reconocer como tales, tiene efectos muy negativos tanto en su integración y reintegración social, como en la convivencia general de los vecinos en los barrios. Es normal sentirse inseguro e intranquilo en un entorno que otros han decidido categorizar como hostil. Mediante la palabra “mena”, el 100% de estos niños, 600 en el caso de Madrid, han sido reducidos a un único perfil de individuo, que amenaza a la seguridad de los españoles sólo por el hecho de ser extranjeros. La criminalización, deshumanización y cosificación de este colectivo, constituyen una clara desprotección de estos menores, cuya tutela recae en las Administraciones. En este escenario, la reducción de la delincuencia entre los menores tutelados, ya sean extranjeros o nacionales, debe pasar por el aumento de recursos, infraestructuras y personal especializados. Sin embargo, la reducción del racismo y la violencia verbal contra los menores extranjeros no acompañados solo puede conseguirse mediante el entendimiento de su realidad, su diversidad y su condición de niños. Solo cuando “fuera menas de nuestros barrios” sea entendido como sinónimo de “fuera niños de nuestros barrios”, la utilización política del odio contra este colectivo extremadamente vulnerable y el enfrentamiento dejarán de ser rentables.

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