¡Qué paguen los ricos y las grandes corporaciones!


Fernando Luengo, economista y profesor titular de Economía Europea, Universidad Complutense de Madrid.

(Blog Otra economía)

Es evidente y todo el mundo está de acuerdo en que la lucha contra la pandemia y la enorme crisis económica y social que tenemos por delante exige un esfuerzo presupuestario enorme, a la altura de un desafío que no tiene precedentes en tiempos de paz. Por cierto, por paradójico que pueda parecer, también parecen estar de acuerdo los que durante muchos años se han dedicado a desmantelar el sector social público y a convertirlo en negocio para las empresas privadas.

            Pero donde las cosas ya no están tan claras es de dónde sacarán los gobiernos –del Estado español y del resto de países comunitarios- los recursos que necesitan con urgencia, para frenar y superar la pandemia y para abordar lo que se suele denominar como “reconstrucción”. Un término de todo punto inadecuado, pues si alguna lección tenemos que extraer del drama que estamos viviendo es que en absoluto tenemos que reconstruir lo que existía, pues esa realidad -la relación depredadora con la naturaleza, una globalización que nos ha hecho muy vulnerables y un sector público debilitado- está en el origen de la crisis. No necesitamos un punto y seguido en lo ya conocido, sino un verdadero punto y aparte que abra de par en par las puertas de otra economía.

            Pero volviendo al hilo que guía esta reflexión. La pregunta de cómo financiarán los gobiernos los programas de gasto público y los déficits en las cuentas del Estado que inevitablemente están aumentando y lo harán más en los próximos meses y quizá años ya está siendo contestada. La alternativa es la deuda.

            Las instituciones comunitarias marean la perdiz en un insoportable tira y afloja que no debe ocultar la realidad: un volumen insuficiente de recursos que se materializarán básicamente en deuda, sujetos a condicionalidad macroeconómica; ni mutualización, ni transferencias. Y, además, se toman su tiempo, el tiempo que no tienen la población ni las empresas, que ven cómo la economía está en caída libre y cómo aumentan el desempleo, la desigualdad, la exclusión social y la pobreza.

            La alternativa de la deuda es la que se impone y no por casualidad. ¡A quién le sorprende! Esta es, en definitiva, la clave del entramado de intereses que ha gobernado nuestras economías desde hace décadas y que las gobierna en la actualidad. El endeudamiento, siempre en continuo crecimiento, también en la última década, cuando se suponía que tocaba embridar el caballo desbocado de las finanzas, ha proporcionado jugosos rendimientos a las elites, empresariales y financieras, en mercados que, con frecuencia, no estaban sometidos al escrutinio de los Estados.

            Una cosa es que tanto el déficit público como la deuda aumenten como consecuencia de la profunda recesión económica, de la pérdida de capacidad recaudatoria de los gobiernos y de los programas de gasto público puestos en marcha para hacer frente al COVID-19… y otra muy distinta es montar toda una estrategia de intervención sobre la base del endeudamiento, porque los canales de financiación alternativos están cerrados o son manifiestamente insuficientes… o porque no se tiene el coraje suficiente de explorar otras opciones.

            Como siempre, como deberíamos saber de memoria, los mercados están gobernados por las grandes corporaciones, por un reducido número de empresas y milmillonarios que tienen su propia hoja de ruta, que casi siempre es la que siguen, voluntaria o involuntariamente, por acción o por omisión, los gobiernos. Y, como he señalado antes, para estas “manos visibles” de los mercados realmente existentes el endeudamiento ha sido y es un enorme negocio.

            Para los prestamistas, que se frotan las manos ante este panorama, no hay solidaridad que valga; la deuda permite colocar y rentabilizar los capitales es un mercado gigantesco y están dispuestos a aprovecharlo. Es cierto que los tipos de interés son muy bajos y posiblemente permanecerán en esos niveles en el futuro, pero nada ni nadie puede asegurar que esta situación de mantendrá en el tiempo. En todo caso, los préstamos hay que devolverlos y en ese proceso de devolución se abre una puerta para influir, condicionar y beneficiarse de las políticas de las administraciones públicas.

            La otra alternativa, la que apenas se explora y que, sin embargo, debería convertirse en el nudo gordiano para salir de esta profunda crisis, consiste en movilizar los recursos de los ricos, de los titulares de grandes patrimonios y de las grandes corporaciones. Un camino cerrado con candado durante las últimas décadas -tal ha sido el poder de los de arriba-, que han conseguido trasladar la carga fiscal a las clases populares y a las pequeñas y medianas empresas, dando lugar a una estructura tributaria profundamente regresiva.

            Las cosas no pueden seguir así, no es tolerable que se repitan los mismos errores, las mismas injusticias de siempre. Recientemente, han visto la luz diferentes propuestas -exigir de la banca el dinero de los rescates, aplicar un gravamen especial sobre las grandes fortunas y patrimonios, gravar las transacciones digitales, aplicar una tasa sobre las grandes empresas contaminantes, introducir un impuesto sobre una parte de las transacciones financieras, limitar el pago de dividendos a los grandes accionistas, controlar las retribuciones de los altos directivos…-. Este es el camino. El denominador común de todas ellas es que miran en la dirección adecuada, a los que atesoran poder y privilegios, y que los seguirán teniendo, aunque se apliquen esas medidas… pero en menor medida. Hay que redistribuir, no sólo porque es justo, no sólo porque es urgente hacerlo, sino porque la deuda, finalmente, es la alternativa de las elites. Está es, en mi opinión, la prueba del algodón de una política progresista.

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